Aislamiento diplomático y retroceso institucional: el costo de la abstención argentina en la ONU

La decisión del gobierno de Javier Milei de abstenerse en la votación de las Naciones Unidas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas no representa un mero gesto de diferenciación ideológica: constituye un retroceso grave en la tradición diplomática argentina, una contradicción directa con el marco jurídico vigente y un preocupante mensaje de desprotección en un país atravesado por índices alarmantes de femicidios.
Con la instrucción del canciller Pablo Quirno ejecutada por el embajador Francisco Tropepi, la Argentina se desmarcó de un consenso global abrumador de 175 países. El resultado dejó al país en una soledad diplomática tan elocuente como inquietante: fue la única nación de toda América Latina en no acompañar la iniciativa. Mientras toda la región, la Unión Europea, Asia e incluso Israel respaldaron el texto, la bandera argentina quedó ubicada en la estrecha columna de las seis abstenciones junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, apenas un escalón por encima de Somalia, único voto negativo.
El costo de la obediencia automática
Lejos de responder a una estrategia de interés nacional, la postura argentina exhibe una vez más la subordinación automática a la agenda de la administración de Donald Trump. La delegación estadounidense fundamentó su rechazo en objeciones a las políticas de género, educación sexual y salud reproductiva. En cambio, la diplomacia argentina optó por el silencio en el recinto y apenas ensayó, a través de declaraciones genéricas del canciller Quirno, un supuesto desacuerdo con cuestiones "de fondo".
Alinearse sin matices con Washington en este tema implica darle la espalda a una resolución motivada por la violencia extrema que padecen mujeres y niñas en zonas de conflicto armado —como Ucrania, Sudán, Myanmar o Palestina— y en entornos digitales. Además, este comportamiento errático y confrontativo en los foros multilaterales sabotea las propias aspiraciones del país: resulta difícil sostener la candidatura del diplomático argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de la ONU mientras la Cancillería acumula votos en contra de la Corte Penal Internacional o abstenciones que contradicen incluso los argumentos jurídicos con los que Argentina defiende su soberanía sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas.
Una ilegalidad encubierta frente a compromisos constitucionales
El argumento del Gobierno sobre supuestos "sesgos ideológicos" choca de frente contra la Constitución Nacional. La política exterior de un gobierno de turno no puede borrar de un plumazo las obligaciones asumidas por el Estado argentino:
* Jerarquía constitucional y supralegal: La Argentina es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —con rango constitucional— y de la Convención de Belém do Pará, de jerarquía superior a las leyes. Históricamente, el país lideró en los organismos internacionales el impulso para que otros Estados ratificaran estos tratados.
* Leyes vigentes: El ordenamiento interno cuenta con herramientas robustas como la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fruto de décadas de consensos transversales desde el retorno de la democracia.
El correlato interno del desmantelamiento
La votación en Nueva York no es un hecho aislado, sino la proyección externa de un vaciamiento sistemático de las políticas públicas de género en el plano local. Desde diciembre de 2023, la gestión libertaria eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y posteriormente cerró la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, reduciendo la estructura estatal dedicada a la prevención y asistencia mientras la violencia machista continúa cobrándose vidas a diario.
Abstenerse frente a un llamado global para proteger a mujeres y niñas de la violencia no es neutralidad: es tomar partido por la indiferencia. Al sacrificar décadas de liderazgo en derechos humanos en el altar del alineamiento geopolítico con Washington, el Gobierno no solo aísla a la Argentina de su región y del mundo democrático, sino que envía una señal de alarmante desamparo hacia millones de mujeres dentro de sus propias fronteras.
Por redacción : Simón Telechea



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