Apelaron la absolución de Milei

Según informe del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, el inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación penal tras invocar su derecho como “pretenso querellante” y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana, mientras que la Casación Penal debe definir si los reincorpora al expediente o los excluye de manera definitiva.

Marchetto presentó su escrito de apelación, de 40 carillas, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al firmar su resolución, efectuó una “valoración fragmentaria” de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una “fundamentación aparente”.

El argumento central de Marchetto fue que el juez Martínez de Giorgi confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, que el juez concluyó que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal cuando, según el inversor, debió sostener, como máximo, que los elementos reunidos hasta ahora no le permitían acreditar una hipótesis delictiva.

A lo largo de su recurso, Marchetto cuestionó en duros términos el proceder durante todo el proceso del fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras todavía subsistían diligencias que él mismo había ordenado y que todavía no habían concluido.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el damnificado.