CGT y QEPD

La CGT rechazó la reforma laboral aprobada en el Congreso argentino , impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera denunció la medida como un ajuste contra los derechos laborales y descartó, por el momento, la convocatoria a un paro nacional. En su lugar, anunció que judicializará la ley para intentar que sea declarada inconstitucional y que acompañará esa estrategia con movilizaciones. El lunes puede ser la primera, para presentar el recurso en la Justicia...

El Senado de la Nación aprobó este viernes la Ley de Modernización Laboral, convirtiéndola en ley tras completar su trámite parlamentario.

Tras la votación, la CGT expresó formalmente su rechazo y confirmó que avanzará con una presentación judicial para frenar su aplicación. Desde la central sostienen que la norma afecta derechos adquiridos y anticiparon que evaluarán nuevas medidas gremiales.

Durante el debate en la Cámara alta, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para actualizar el marco regulatorio del trabajo y promover el empleo formal. En cambio, sectores sindicales y parte de la oposición cuestionaron el alcance de las modificaciones introducidas.

En las próximas horas se esperan definiciones sobre la estrategia judicial que adoptará la CGT y sobre la reglamentación que deberá dictar el Poder Ejecutivo.

Si bien la reforma fue aprobada por una amplia mayoría, los gremios no lograron gravitar en el proceso legislativo y quedaron superados por la estrategia política del Gobierno. “En términos futbolísticos actuales, jugaron en puntas de pie”, afirmó un dirigente local.

¿Qué puede pasar con los gremios tras la aprobación?

Varios dirigentes quedaron descolocados. La reforma atravesó tres instancias legislativas y no se logró articular una movilización de alcance contundente. En ese escenario, el dirigente rionegrino Rodolfo Aguiar tomó protagonismo y ocupó el centro de la escena mediática. En numerosos noticieros nacionales apareció como referente visible de la resistencia, pese a que la reforma no estaba específicamente orientada al sector estatal.

Aguiar se mueve con comodidad en los estudios de televisión y en los móviles periodísticos. Sin embargo, una pregunta comienza a repetirse con mayor frecuencia: ¿qué hizo ATE frente a los 50.000 trabajadores que fueron desvinculados del sector público? Es una cuestión que, tarde o temprano, podría generarle costos internos y externos.

Volviendo a la CGT, surge otro interrogante: ¿qué ocurrió con la central que históricamente se presentaba como bastión de la defensa de los trabajadores? Algunos sectores atribuyen el debilitamiento a supuestos acuerdos políticos. “Son socios; no olviden que muchos dirigentes gremiales también son empresarios. Esta reforma les resultaba funcional y, además, el Gobierno no les tocó la caja”, sostienen voces críticas.

Otros analistas señalan que el principal problema fue el cambio de época y la pérdida de credibilidad de una dirigencia que ya no logra interpelar ni a sus propias bases ni a amplios sectores de la sociedad.

Desde la central obrera insisten en que la batalla continuará en los tribunales. Según fuentes consultadas, jurídicamente podrían ser objetables algunos artículos, pero no la totalidad de la norma, lo que permitiría al Gobierno sostener el núcleo central de la reforma.

“Fin”, diría el vocero presidencial al cerrar el capítulo político de la jornada.