Denuncias por ventas de autopartes: Dos funcionarios involucrados
- Simon Telechea
- 26 ene
- 2 Min. de lectura

El último sábado se realizaron allanamientos en simultáneo en las viviendas del Jefe de Aguas Rionegrinas y de la Jefa de Tránsito de la Policia de Río Negro. Actualmente, ambos prestan servicio en la ciudad de Cipolletti.
Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía en el marco de denuncias por supuestas ventas de autopartes de vehículos secuestrados por la Policía de Tránsito de Río Negro.
TRAS LOS ALLANAMIENTOS, EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DESAFECTO A LUIS ARGUELLO COMO JEFE DE AGUAS RIONEGRINAS EN CIPOLLETTI.
Así lo informó el gobierno de la Provincia de Río Negro mediante un comunicado de prensa tras los hechos de público conocimiento, dónde tras una investigación por parte de la Policía se llevaron acabo diversos allanamientos, entre ellos en las viviendas del Jefe de Aguas Rionegrinas de la localidad de Cipolletti y una jefa policial.
EL COMUNICADO
Cipolletti: Aguas Rionegrinas realiza cambios en jefatura local
Aguas Rionegrinas informa a la comunidad de Cipolletti que, en el marco de hechos de público conocimiento, se ha resuelto desafectar de la Jefatura de Servicio local a su titular a cargo del Sr. Luis Flores.
A su vez, la Jefatura de la Policía de Río Negro resolvió la suspensión preventiva e inmediata de la subcomisaria que cumplía funciones en Cipolletti. La medida fue adoptada tras conocerse una situación que involucra a la funcionaria y que es analizada por la Justicia, con el objetivo de preservar la transparencia y el normal desarrollo del servicio policial.
Se trata de una subcomisaria que estaba al frente del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, un área clave para la prevención y el control en rutas, accesos urbanos y resguardo de vehículos secuestrados. A partir de la información recibida, se dio intervención a la Justicia, que avanzó con distintas diligencias propias de la investigación, entre ellas allanamientos ordenados en domicilios particulares.
En ese contexto, la decisión de la Jefatura apunta a garantizar el correcto funcionamiento institucional mientras se esclarecen los hechos. La suspensión no implica una sanción definitiva, sino una medida preventiva que permite que el proceso judicial y administrativo avance sin interferencias.
La empleada permanecerá apartada de sus funciones mientras dure la investigación, en una decisión que refuerza el mensaje de que cada situación es abordada con seriedad, equilibrio y apego a la ley.







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