El conflicto en el IUPA volvió a recrudecer y quedó en pausa hasta el martes

El conflicto institucional en el IUPA volvió a intensificarse durante la última semana. Las protestas culminaron, por el momento, con una marcha hacia la Ciudad Judicial y la intervención del fiscal Ramos, quien convocó a una mesa de diálogo a pedido de los estudiantes.

Las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el martes 23 de junio, a las 11, con un compromiso de no agresión mientras se espera una respuesta del rectorado a los planteos de la comunidad educativa.

¿Por qué se reactivó el conflicto?

El 16 de junio, el rectorado convocó a una reunión del Consejo Superior mediante la plataforma Zoom y con un orden del día ya definido.

Los consejeros opositores participaron del encuentro, pero rechazaron tanto la modalidad virtual como la agenda propuesta. Tras dejar asentados sus cuestionamientos, se desconectaron y convocaron a una asamblea interclaustro. Allí se decidió realizar una permanencia activa en la institución y solicitar la intervención de la Fiscalía.

Para cerrar la jornada de reclamos, integrantes de la Orquesta del IUPA realizaron una protesta luego de una presentación en el auditorio de Fundación Cultural Patagonia.

Posteriormente, representantes de la Fiscalía se acercaron a la institución y, tras reunirse con dirigentes estudiantiles y gremiales, resolvieron convocar a las autoridades a una instancia de mediación con el objetivo de restablecer el diálogo.

Durante la noche, los estudiantes permanecieron en las instalaciones y, a la mañana siguiente, realizaron una asamblea para coordinar las acciones a seguir.

Ante esa situación, la gestión suspendió las actividades académicas mediante un comunicado en el que sostuvo que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el normal dictado de clases.

¿Qué ocurrió en la Ciudad Judicial?

Según la información recabada, la reunión comenzó en un clima de tensión y aunque no hubo un acuerdo sobre los puntos planteados, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el martes 23 de junio, a las 11. Antes de retirarse de las oficinas judiciales, asumieron un compromiso de no agresión y quedaron a la espera de una respuesta del rectorado a las demandas de los representantes estudiantiles y de los trabajadores del IUPA.

¿Qué reclaman los estudiantes?

El Centro de Estudiantes reclama la incorporación de dos consejeros estudiantiles electos en la sede central del IUPA. Según sostienen, el único resultado válido es el correspondiente a las carreras universitarias, basándose en el artículo 14 del Estatuto, que establece que el claustro estudiantil está integrado por alumnos regulares de carreras de grado.

A partir de ese planteo surge un segundo reclamo: la elección del rector.

La oposición exige una nueva sesión para designar al rector, pero sin la participación de los directores, ya que consideran que éstos no son autoridades electas por voto y, por lo tanto, no deberían formar parte de la votación.

Esencialmente, estos dos puntos deberán ser respondidos por las autoridades del IUPA el martes, cuando se retome la mediación.

¿Qué puede suceder el martes?

Tras el cuarto intermedio, las partes deberán volver a reunirse el martes 23 de junio a las 11.

Mientras tanto, el rectorado difundió imágenes del interior de la institución mostrando pintadas con mensajes agresivos dirigidos hacia las autoridades.

Por su parte, los estudiantes realizaron una asamblea en la que resolvieron respetar lo acordado con el fiscal y esperar hasta el martes. Sin embargo, advirtieron que, si la gestión no se presenta a la reunión, las medidas de protesta podrían endurecerse. En ese sentido, via un video convocaron a la comunidad a la Ciudad Judicial para el martes , 23 de junio , a las 11am.

El origen del conflicto

Las tensiones comenzaron con la convocatoria a las elecciones de autoridades. Durante el proceso hubo numerosos cuestionamientos, aunque la Junta Electoral no dio lugar a las observaciones de la oposición y los comicios se desarrollaron bajo las normas establecidas por ese organismo.

Tras la elección, sectores opositores denunciaron fraude y presentaron acciones judiciales. Tanto la Justicia Federal como la Justicia Provincial se declararon incompetentes, por lo que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá definir qué fuero será el encargado de resolver la cuestión.

Actualmente, el Consejo Superior está integrado por ocho consejeros oficialistas y ocho opositores. Dos de las bancas que responden al oficialismo son cuestionadas por la oposición, que sostiene que fueron obtenidas con más de 500 votos correspondientes a estudiantes de Arte Popular, carrera que —afirman— no pertenece al nivel de grado.

El oficialismo rechazó ese planteo argumentando que el padrón electoral no fue impugnado oportunamente y que, por lo tanto, quedó convalidado.

En la Justicia todavía no hubo respuestas oficiales, ya que se aguarda la decisión de la Corte Suprema sobre la competencia. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas señalaron que el planteo de fondo, referido a la validez del padrón del claustro estudiantil, es la clave del conflicto.

Un conflicto que escaló por la falta de diálogo

Desde la polémica sesión del 30 de marzo, cuando asumieron los consejeros electos y posteriormente se eligió al rector, las partes no lograron establecer una instancia de diálogo.

Según expusieron representantes estudiantiles y gremiales, se realizaron más de treinta presentaciones, además de planteos en ámbitos paritarios, sin obtener respuestas.

En sus comunicados, el rectorado rechaza las acusaciones sostiene que sus prioridades son la libertad, la paz y el diálogo.

En ese sentido, ambas partes coinciden en reclamar conversaciones que, después de casi tres meses, sólo pudieron concretarse gracias a la intervención de la Fiscalía.

Pintadas, agresiones, política y acusaciones cruzadas

La falta de diálogo derivó en jornadas de alta tensión dentro de la institución.

Las pintadas contra la gestión aparecieron en numerosos sectores del edificio y uno de los episodios más graves terminó con un influencer lesionado. Un profesor de la institución, conocido por difundir en redes sociales videos críticos hacia el sindicalismo universitario, fue retirado a los empujones del edificio cuando intentaba ingresar para registrar imágenes de una asamblea.

No es la primera vez que el docente se enfrenta con integrantes de las asambleas. De hecho, algunos de sus videos se viralizaron y llegaron a más de 5 millones de visualizaciones.

"Presentamos varias notas denunciando que nos sentimos acosados por ser exhibidos en las redes sociales de este profesor, donde además recibimos hostigamientos por parte de usuarios", señalaron algunos de los estudiantes.

Por su parte, el profesor sostiene en sus videos que fue agredido y que se le impide expresarse libremente.

En ese contexto, desde el oficialismo se apunta a los manifestantes por los hechos de violencia. Desde la oposición, en cambio, sostienen que existe una violencia institucional basada en la falta de respuestas, las mentiras y la negativa al diálogo.

La tercera intervención de la Fiscalía en menos de un año

La actual no es una situación aislada. Desde septiembre del año pasado, la Fiscalía debió intervenir en tres oportunidades en conflictos vinculados al IUPA.

El primer caso se produjo con la separación del profesor Juan Rolón, docente de la cátedra de Teatro.

En aquel momento, estudiantes y compañeros impulsaron reclamos y lograron la intervención del Ministerio Público Fiscal.

El segundo episodio ocurrió el 30 de marzo. Tras fracasar la sesión prevista en las instalaciones del IUPA, el rectorado decidió trasladarla al hotel de Fundación Cultural Patagonia.

Hasta allí se movilizaron sectores opositores y, luego de algunos enfrentamientos con personal de seguridad, intervino el fiscal Britos, quien mantuvo reuniones con los abogados de ambas partes y logró descomprimir la situación.

La tercera intervención tuvo lugar el miércoles pasado, cuando el fiscal Ramos se hizo presente en el IUPA y consiguió sentar a las partes en una mesa de diálogo realizada el 18 de junio en las oficinas de la Ciudad Judicial.

Tras casi tres meses sin conversaciones directas, el futuro inmediato del conflicto quedó sujeto a lo que ocurra el próximo martes. La respuesta del rectorado y la continuidad del diálogo aparecen como las claves para evitar una nueva escalada de tensión en la comunidad universitaria.