El proyecto de la baja de imputabilidad vuelve a instalarse en el Congreso

 En Diputados existe un consenso generalizado en concretar la reforma en torno a los 14 años: el PRO, la UCR y hasta un sector de Unión por la Patria respalda esta postura. A estos bloques se le sumaría Innovación Federal, provincialistas que votan junto al Gobierno.

Uno de los principales argumentos que sostiene el oficialismo es que el país es muy flexible con la edad de punibilidad con respecto a la región. "Todos los países que la han bajado, adaptándolo a la modernidad, han bajado el margen de criminalidad muchísimo”, señalan. Con la actual edad de imputabilidad, Argentina se encuentra en el 17° lugar de 19 países latinoamericanos en cuanto a la tasa anual de homicidios cada 100.000 habitantes (UNICEF, 2022). Incluso el Gobierno nacional celebró en enero la baja de casos de asesinatos en su primer año de gestión. En contraste, Ecuador (1º), Honduras (2º), Brasil (5º) y México (6º) ubican su tasa de punibilidad en los 12 años y se encuentran entre los países más inseguros de la región.

Existe otro elemento a observar. Sin la gestión de políticas de atención a los jóvenes (la Subsecretaría de Niñez despidió 2000 trabajadores hace una semana), la baja de la tasa de imputabilidad promete un incremento de adolescentes detenidos que no se respalda en la existencia de infraestructura apta para albergarlos ni en la gestión de programas educativos para acompañarlos en el tránsito de su pena. Como referencia, se puede considerar el caso de la última cárcel que se construyó en el país: la de Benjamín Paz, en la provincia de Tucumán, cuya licitación inició en el 2022 y su presupuesto se expandió a $7.881 millones para garantizar la inauguración en diciembre pasado, siete veces más que lo que tuvo dispuesto el Conicet para gastar en el 2024 en equipamientos y funcionamiento. Introducir la reforma implica tiempo de planificación y presupuesto estatal.

Las modificaciones del Código Penal de las últimas dos décadas coincidieron en asociar mayor punitividad a mayor seguridad y los proyectos para un nuevo Régimen Penal Juvenil reiteran esa fórmula. El Gobierno presentó una propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero consiguió consensos con la mayoría de los bloques (incluso del ala massista de Unión por la Patria) en torno a los 14. Las firmas para esa reforma están garantizadas. En el plenario de comisiones restará conocer si habrá coincidencias en las penas máximas que se les pueden imponer (oscilan entre 10 y 20 años), las escalas de sanciones alternativas (las 14 propuestas están atravesadas por la perspectiva restaurativa) y distintos énfasis en los servicios socioeducativos dentro de los centros cerrados de menores.