Empleado público: el enemigo número uno de todos (que puede convertirse en el verdugo de los gobiernos)

Por lo menos así surge de distintos comunicados de las tres esferas de gobierno: nacional, provincial y municipal.

Obviamente, el título de esta editorial peca de exagerado, pero todo indica que la tradicional maquinaria estatal que antes ganaba elecciones hoy cayó en desgracia. O, al menos, que los representantes gremiales de los trabajadores estatales quedaron fuera del juego y perdieron el protagonismo de antaño.

Sin embargo, este análisis coincide con una semana particular: una en la que Rodolfo Aguiar demostró que todavía puede hacer de las suyas tras tomar el edificio de la mutual militar; en la que UnTER se instaló en Viedma e incomodó a los legisladores; y en la que, en Roca, ATM rechazó la oferta salarial del municipio al tiempo que exigió la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Pero la cuestión de fondo pasa por otro lado. Los sindicados y gremios siempre fueron un dolor de cabeza para las patronales; sin embargo, encauzar los reclamos a través de ellos resultaba previsible. En el esquema tradicional, siempre fue preferible sentar a los dirigentes en una mesa de negociación antes de que un conflicto puntual descarrilara y provocara el vuelco de toda la formación.

Este cambio de época trajo un nuevo inconveniente: la falta absoluta de confianza. Los sindicalistas quedaron fuera del juego; para muchos, ya no son necesarios. En principio, para algunos parece una buena solución: Milei los detesta, criticarlos es la moda y atacar al gremialismo «garpa». Pero los problemas reales no se resuelven ignorándolos.

Que las bases ya no confíen en sus dirigentes no significa que hayan pasado a creer en la patronal. Al contrario: la pérdida de representatividad parece ser el último eslabón antes de entrar en un estado de anarquía. Una cosa es que los gremios lleven los reclamos a una mesa de diálogo; otra muy distinta es que miles de trabajadores salgan individualmente a la calle todos los días a exigir soluciones.

Y esta no es la peor noticia para los ejecutivos, que ya olfatean la bronca acumulada.

Según todos los indicadores, el castigado número uno del país es el empleado público, seguido de cerca por los jubilados. La pobreza medida por el INDEC volvió a subir, pero ese no es el indicador más alarmante. La peor injusticia en una sociedad medianamente normal es tener trabajadores formales que no llegan a fin de mes. Las personas de bien son esos trabajadores: los que no saben robar ni quieren aprender a hacerlo; los que madrugan todos los días y ven que el esfuerzo no alcanza. Son quienes a fin de mes deben sentarse frente a sus hijos para enseñarles que ser un buen ciudadano implica trabajar y vivir con decencia, mientras los chicos los escuchan, pero le creen más a la dura realidad que ven en la mesa.

Esa es la verdadera injusticia social. La pobreza es apenas la consecuencia de este comportamiento institucional totalmente degenerado.

Por ese motivo, la suerte que corran los sindicatos le importa muy poco a la clase trabajadora. A la gente no le alcanza el dinero y nadie le da respuestas concretas. Desde Nación se afirma que «sobran dólares», mientras la morosidad en las calles alcanza niveles escalofriantes.

La sensación de desamparo es tal que ni siquiera hace falta pensar en un estallido social. No habrá saqueos ni desbordes masivos porque ya no hay esperanza en ninguna solución rápida. La sociedad simplemente espera las elecciones para castigar en las urnas. Ese será el peor final para las gestiones oficiales si no advierten a tiempo que no hay más margen para aumentos de tarifas, salarios pisados por índices de precios totalmente dibujados y multas de todo tipo sobre ciudadanos que salen a la calle noqueados por la realidad.

Docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, jubilados, administrativos y porteros: la supuesta «casta privilegiada» está exhausta tras medidas microeconómicas que no mostraron resultados. Lo mismo se replica a nivel provincial y municipal. La bronca es profunda y los ejecutivos deben tomar nota de inmediato: la realidad ya no pasa por las redes sociales ni por las encuestas. La calle está pesada. Y no solo para los empleados públicos: los trabajadores del sector privado también sufren la sequía económica, y el cierre masivo de miles de PyMEs es un fiel testigo de lo mal que la están pasando las personas de bien.