Fundaciones bajó la lupa. Fraudes al estado que nadie controla

Durante años, las fundaciones fueron presentadas como herramientas clave para desarrollar políticas sociales, educativas y culturales junto al Estado. Sin embargo, detrás de muchos convenios millonarios comenzaron a aparecer denuncias de desvíos, manejos poco claros y patrimonios que crecieron de manera explosiva gracias a fondos públicos. Irregularidades que rozan la malversación de fondos públicos son cada vez más notorias en estructuras que, en los papeles, funcionan como entidades sin fines de lucro, pero que desarrollan actividades financiadas con dinero estatal sin controles externos eficientes.

En Salta, una auditoría detectó recientemente presuntas irregularidades por más de 634 millones de pesos vinculados a Fundaltes, una fundación relacionada con la Universidad Nacional de Salta. Según el informe, fondos que debían ingresar directamente a la universidad terminaron siendo administrados por una entidad privada asociada a la institución.

La polémica volvió a poner sobre la mesa un viejo mecanismo: organismos públicos que derivan dinero estatal hacia fundaciones o asociaciones civiles bajo sistemas de control mucho más débiles que los existentes dentro de la administración pública tradicional.

El caso más emblemático de la Argentina sigue siendo el de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el programa “Sueños Compartidos”. La iniciativa, impulsada durante los gobiernos kirchneristas para construir viviendas sociales, recibió cientos de millones de pesos provenientes del Estado nacional. La administración del dinero quedó en manos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación. La Justicia investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos mediante empresas vinculadas, transferencias bancarias y movimientos financieros que no tenían relación directa con las obras.

Según resoluciones judiciales, parte de esos fondos habría sido canalizada hacia sociedades privadas como Meldorek S.A. y Antártica Argentina S.A., además de otras firmas relacionadas con allegados a los Schoklender. La causa derivó en procesamientos por administración fraudulenta y expuso cómo una organización históricamente vinculada a los derechos humanos terminó manejando enormes partidas estatales con escasos controles.

Incluso informes periodísticos de la época señalaban que la Fundación Madres de Plaza de Mayo se había convertido en una de las estructuras más poderosas y prósperas del kirchnerismo, administrando viviendas, centros de salud, una universidad, una radio y distintos emprendimientos financiados con dinero público.

Especialistas en transparencia advierten que muchas fundaciones funcionan como “zonas grises” del Estado. Aunque manejan recursos públicos, no siempre están obligadas a exhibir balances detallados, licitaciones o mecanismos de contratación abiertos. Esa combinación de fondos estatales y baja fiscalización crea condiciones ideales para sobreprecios, triangulación de dinero y crecimiento patrimonial difícil de explicar.

En varias causas judiciales aparecieron patrones repetidos:

• convenios directos sin licitación,

• rendiciones incompletas,

• retiro de dinero en efectivo,

• empresas proveedoras vinculadas,

• obras inconclusas y sospechosas

• movimientos bancarios complejos que dificultan seguir el recorrido del dinero,

• y contratación de personal con fondos públicos para fines netamente privados.

Otro punto crítico es el uso político de estas estructuras. Muchas fundaciones mantienen vínculos directos con dirigentes, funcionarios o espacios partidarios, generando sospechas sobre posibles “cajas paralelas” financiadas indirectamente por el Estado.

Sobre el uso de fundaciones para recibir fondos públicos sin controles estrictos existen numerosas denuncias que se repiten desde hace años. La discusión de fondo ya no pasa únicamente por un caso puntual, sino por el modelo de administración de recursos públicos a través de entidades privadas. Mientras algunas organizaciones cumplen funciones sociales reales y necesarias, los escándalos acumulados dejaron una pregunta instalada: cuánto dinero estatal circuló durante años por estructuras con controles insuficientes y escasa transparencia.