Grave denuncia contra el normalizador del IUPA

Un grupo de consejeros electos de la universidad presentó una grave denuncia penal contra el rector normalizador Gerardo Blanes, a quien acusan de ejercer el cargo de manera ilegal.

La institucionalidad del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) vuelve a quedar en el centro de la polémica. Un grupo de consejeros electos de la universidad, patrocinados por el abogado Federico Diorio, formalizó este jueves una denuncia penal contra Gerardo Blanes, ex rector normalizador y actual rector autoproclamado, por los presuntos delitos de usurpación de cargo público, ejercicio ilegal de funciones y falsificación de documento público.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía Nº1 y retoma hechos ya denunciados por consejeros opositores, aunque ahora bajo la órbita penal, lo que agrava el escenario institucional.

Según la denuncia, el pasado 30 de marzo se desarrolló una sesión irregular del Consejo Superior, en el marco de las primeras elecciones de la institución, en un hecho calificado como “insólito”: la reunión se habría realizado en la cocina del Hotel La Fundación y únicamente con participación de consejeros oficialistas vinculados a la agrupación La Unión, encabezada por Blanes.

De acuerdo con la documentación aportada por los denunciantes, el representante legal del IUPA, Silvio Garrido, habría informado posteriormente que aquella sesión quedaría sin efecto e incluso habría invitado a destruir el acta original de la reunión, anulando así la designación de Blanes como rector.

Sin embargo, la denuncia sostiene que Blanes habría confeccionado una nueva acta para presentarse ante la Secretaría Académica y obtener la emisión de la Ordenanza Nº001/2026, mediante la cual quedó proclamado como máxima autoridad del instituto.

Los denunciantes —entre ellos consejeros de las listas Celeste y Blanca y La Tercera— aseguran que, pese a la nulidad del acta original, Blanes continuó ejerciendo funciones como rector, firmando actos administrativos e incluso participando en negociaciones salariales ante la Subsecretaría de Trabajo en representación de la universidad.

Quienes impulsan la causa afirman haberse constituido como querellantes para “resguardar la institucionalidad” y sostienen que el ejercicio del cargo “es completamente ilegal y doloso”. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia provincial figuran videos que registrarían la destrucción de documentación original y testimonios de integrantes de la comunidad educativa.

“Este acto, del que adjuntamos diversas pruebas, demuestra claramente cómo Blanes actúa como una autoridad legítima en una situación de usurpación sin precedentes en la historia universitaria argentina”, señalaron los denunciantes.

El rol de la Justicia en el conflicto del IUPA

La Justicia provincial ya acumula al menos cuatro denuncias impulsadas por sectores gremiales y estudiantiles, todas vinculadas al presunto fraude electoral atribuido a Gerardo Blanes durante el proceso que culminó con las elecciones del 15 y 16 de marzo de 2026.

Hasta el momento, ningún fuero se declaró competente para intervenir definitivamente, generando un vacío jurisdiccional inédito en la historia universitaria de Río Negro.

El Sindicato de Trabajadores del IUPA (SITRAIUPA) fue el primero en denunciar irregularidades. La presentación ingresó inicialmente en la Justicia Electoral provincial, que se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia Federal. Sin embargo, el juez federal Greca devolvió el expediente a la órbita provincial al considerar que el IUPA es financiado íntegramente con fondos provinciales y que, por lo tanto, corresponde a la provincia garantizar su institucionalidad.

Por otra parte, la Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA) también presentó una denuncia ante el fuero contencioso administrativo. En ese caso, el juez Lafuente se declaró incompetente y la resolución fue apelada por el gremio. En el mismo juzgado tramita además una presentación del Centro de Estudiantes del IUPA, también vinculada a presuntas irregularidades electorales.

A este complejo escenario judicial se suma ahora la nueva denuncia penal presentada por consejeros opositores, que incorpora delitos tipificados en el Código Penal como usurpación de cargo público, ejercicio ilegal de la función pública y falsificación de documento público.

A diferencia de las causas anteriores, esta nueva presentación no apunta directamente al proceso electoral, sino a los hechos ocurridos el 30 de marzo y sus consecuencias: la presunta destrucción del acta original, la confección de un nuevo documento y la asunción de facto de Blanes como rector sobre la base de ese instrumento.