Morosidad: Un gobernador tomó medidas contra créditos abusivos
- hace 1 hora
- 2 min de lectura
El gobernador Ricardo Quintela anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear un régimen de protección para las familias riojanas endeudadas. La medida apunta a frenar tasas consideradas abusivas, refinanciaciones permanentes y mecanismos que pueden llevar a una situación de sobreendeudamiento.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a proteger a los consumidores frente a lo que su administración considera créditos abusivos y situaciones de usura.
La medida busca establecer un Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, con el objetivo de poner límites a determinadas prácticas financieras y brindar herramientas a las personas que se encuentran atrapadas en un círculo de endeudamiento.
Según explicó Quintela, una parte de las familias ya no solicita préstamos para realizar inversiones o afrontar proyectos, sino que recurre al crédito para pagar otras deudas, generando una cadena de refinanciaciones que puede terminar comprometiendo buena parte de sus ingresos.
Tasas que pueden superar el 1.000%
Uno de los datos más llamativos mencionados por el mandatario riojano está relacionado con operaciones de préstamos clandestinos que, según indicó, son investigadas por la provincia y que habrían llegado a registrar tasas superiores al 1.000%.
El Gobierno provincial sostiene que este tipo de mecanismos profundiza la vulnerabilidad económica de las familias y plantea la necesidad de establecer herramientas específicas para proteger a los consumidores.
El DNU apunta precisamente a intervenir sobre estas situaciones y establecer mayores garantías para quienes toman créditos destinados al consumo.
También suspendieron ejecuciones prendarias
La ofensiva provincial contra el sobreendeudamiento incluye además una medida complementaria: la promulgación de una ley que establece durante 180 días la suspensión de las ejecuciones prendarias.
El objetivo es generar un período de negociación entre deudores y acreedores antes de que los bienes entregados como garantía sean ejecutados.
La medida se produce en un contexto de fuerte preocupación por el nivel de endeudamiento de determinados sectores de la población y por el impacto que tienen las tasas elevadas y las refinanciaciones sobre los ingresos familiares.
Una discusión que excede a La Rioja
La decisión de Quintela vuelve a poner en el centro del debate el problema del sobreendeudamiento de los hogares, especialmente entre trabajadores y familias que recurren a préstamos de corto plazo para afrontar gastos cotidianos.
El alcance concreto de las nuevas medidas dependerá del texto definitivo del DNU y de las normas que se dicten para su implementación.
El caso riojano abre además una discusión que podría tener impacto en otras provincias: ¿hasta dónde deben llegar los mecanismos de protección estatal frente a créditos con tasas excesivas y cuándo una operación financiera puede transformarse en una situación de abuso o usura?
Por ahora, La Rioja decidió avanzar con una intervención directa del Estado provincial para intentar ponerle un freno a una problemática que, según el Gobierno de Quintela, está llevando a numerosas familias a quedar atrapadas en un círculo de deuda cada vez más difícil de romper.
Comentarios