Opinión: "La estafa de las fotomultas"

Por Diego Iraldi, ex director de tránsito de la Municipalidad de General Roca

Nuevas pruebas confirman que el sistema implementado por la gestión Soria incumple las normas básicas de educación y seguridad vial. Mientras el Juzgado de Faltas se lava las manos culpando a la empresa privada, los vecinos denuncian una estafa planificada.

La polémica por las fotomultas en General Roca ha pasado de ser una sospecha administrativa a una confirmación de irregularidades técnicas graves. Relevamientos fotográficos y fílmicos realizados en los puntos de control dejan al descubierto un sistema diseñado para el error del conductor, no para la prevención de siniestros.

PINTURA SINTÉTICA Y UN NEGOCIO MILLONARIO

Lo más escandaloso es el estado de las sendas peatonales. Según se pudo constatar, las mismas no solo son apenas visibles, sino que son pintadas con pintura sintética común en lugar de la pintura termoplástica reflectante que exige la normativa vial reglamentaria.

La consecuencia: En días de lluvia o durante el amanecer/atardecer, la señalización horizontal desaparece, induciendo al conductor a cometer la infracción que el radar —estratégicamente ubicado— captura al instante.

UNA EMBOSCADA SIN CARTELERÍA

La ley de tránsito es clara: todo sistema de fotomultas debe estar debidamente señalizado con cartelería vertical que anticipe su presencia. Sin embargo, las imágenes y videos demuestran que las cámaras están "escondidas". No existe advertencia previa, transformando el control en una emboscada recaudatoria. Si el vecino no sabe que está siendo filmado y no ve la senda peatonal por el uso de materiales antirreglamentarios, la seguridad vial es inexistente; lo único que queda es la caja.

NOTIFICACIÓN TARDÍA

El atropello continúa en el proceso de notificación. Vecinos informan que las actas llegan con hasta 6 meses de demora, invalidando cualquier posibilidad de reconstruir el hecho para ejercer el derecho a defensa.

De manera fortuita ("de casualidad"), muchas veces fuera de los plazos legales, lo que genera intereses y deudas sin que el ciudadano haya sido debidamente fehacientemente notificado.

EL JUZGADO DE FALTAS: ¿Yo señor? No, la empresa"

Lo más preocupante para la institucionalidad de la ciudad es la respuesta que reciben los damnificados al intentar realizar su descargo. Ante las quejas por la falta de señales, pintado o la demora en las notificaciones, los funcionarios del Juzgado de Faltas brindan una respuesta insólita: "No es nuestra culpa, es de la empresa que maneja el sistema".

"Es el colmo del cinismo. El municipio le entrega el poder de policía a una empresa privada (Speed Radar Tech) y cuando esa empresa comete irregularidades, el Estado municipal se declara incompetente. Si ellos no controlan a quien contrataron de forma directa, son cómplices de la estafa".

En definitiva, el objetivo es recaudar a cualquier costo. La combinación de factores es letal para el bolsillo del roquense: falta de ordenanza, contratación directa, pintura reglamentaria ausente, falta de cartelería y un Juzgado de Faltas que actúa como un simple gestor de cobros de una empresa privada.

Todo indica que la gestión Soria ha montado un mecanismo de recaudación compulsiva que dista mucho de los estándares de seguridad vial que la ciudad merece. Lo que se presenta como "prevención" no es más que una estafa articulada desde el poder político contra el contribuyente.