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Otro Paro Universitario en medio de puja judicial ¿Sirven los paros?

  • hace 3 horas
  • 4 min de lectura

Por Simon Telechea


La reunión entre el Ministerio de Capital Humano y los representantes de los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales, cuyo objetivo era acordar un aumento salarial, finalizó sin un acuerdo y, en consecuencia, las entidades realizarán este miércoles un paro de 24 horas.

A través de un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicó que "se presentó una propuesta de incremento salarial con una pauta del 6% para el próximo bimestre" y explicó que "el objetivo de la convocatoria apunta a la continuidad de la negociación paritaria con las asociaciones sindicales del sector educativo universitario".

En la reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se planteó una oferta que contempla "un incremento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre" más "la ratificación de la vigencia del aumento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio pasado". 

"De este modo, la propuesta consolidada por el Poder Ejecutivo alcanza un incremento total del 6% para el personal docente de la actividad universitaria", detalla el texto.

Pese a la medida de fuerza pautada para el miércoles 2 de septiembre, el Gobierno retomará las negociaciones el jueves 17.

PARO UNIVERSITARIO

 Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, dialogó con la prensa al término de la reunión e informó: "Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana, y el jueves 3 de septiembre nos reunimos en Bariloche en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional; allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad".

Y marcó: "Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”.

En esa línea, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó: “Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”.

Por lo tanto, afirmó: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”.


Paros universitarios: una medida que parece haber perdido capacidad de presión


Los gremios universitarios vuelven a parar. Sin embargo, después de numerosas jornadas de protesta y medidas de fuerza, cabe hacerse una pregunta incómoda: ¿qué impacto real están teniendo los paros sobre el Gobierno nacional?

En términos de presión económica, hasta ahora el resultado parece ser escaso. Un paro universitario afecta principalmente el normal dictado de clases, pero tiene una capacidad limitada para generar un costo económico inmediato al Gobierno que lo obligue a modificar su posición.

Y eso es precisamente lo que debería buscar una medida de fuerza: generar suficiente impacto para que quien tiene la capacidad de resolver el conflicto tenga un incentivo concreto para hacerlo.

El problema es que el Gobierno de Javier Milei parece haber demostrado que puede soportar los paros universitarios sin modificar sustancialmente su estrategia. Este miércoles, los gremios vuelven a las aulas vacías después de que el Ejecutivo ofreciera un aumento del 3% para septiembre, muy por debajo del reclamo sindical.

Pero el dato más llamativo del conflicto está en otro lugar: la Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar determinados aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno en junio y, más recientemente, la Justicia rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la cautelar y le ordenó presentar documentación sobre el grado de cumplimiento.

Entonces aparece una paradoja: los universitarios siguen haciendo paros para presionar a un Gobierno que, hasta ahora, parece resistirlos; mientras el verdadero instrumento de presión podría estar pasando por los tribunales y por el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

La discusión ya no debería ser solamente cuántos días de paro se hacen, sino qué estrategia consigue resultados.


¿Y si en lugar de parar, se dejara de consumir?


Una alternativa al paro universitario podría ser organizar jornadas nacionales de protesta sin consumo: durante 24 horas, quienes adhieran evitarían compras en supermercados, shoppings, comercios y determinados servicios no esenciales.

El objetivo no sería perjudicar al comerciante —que también forma parte de la economía que se pretende defender— sino hacer visible, mediante una caída excepcional del consumo, el costo económico de una protesta masiva.

La diferencia es importante. Un paro universitario puede afectar a estudiantes y docentes, pero el impacto directo sobre las cuentas del Estado es limitado. En cambio, una jornada coordinada de reducción del consumo podría generar una señal estadística mucho más visible sobre la actividad económica y, eventualmente, sobre la recaudación vinculada al consumo.

Otra posibilidad serían jornadas de “consumo cero” sectoriales, campañas para postergar compras no esenciales o concentraciones frente a organismos públicos, siempre dentro de la legalidad y sin bloquear servicios esenciales.


Son algunas de las propuestas que se logró recopilar. Se trata de iniciativas que buscan salir de la tradicional huelga y pasar a un nivel de protesta mucho más difícil de organizar, pero con capacidad de generar un impacto concreto en la economía real, incluso a través de una eventual reducción de la recaudación.

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