Patente gratis para vehículos eléctricos y de hidrógeno y exenciones para estaciones de carga

Así lo proponen en un proyecto de ley. Las exenciones del Impuesto a los Automotores se escalonan entre el 100% y el 50% según el tipo de motorización. El texto alcanza también a quienes instalen estaciones de recarga, con alivios en Ingresos Brutos y Sellos. Incluye además una exención de peajes sujeta a condiciones y un esquema de información pública anual.

Los vehículos de menores emisiones necesitan dónde cargarse, y esa doble necesidad ordena el proyecto de ley que fija beneficios impositivos para 2027. La reforma combina la exención de patente según la tecnología del vehículo con alivios fiscales para quienes instalen y operen puntos de recarga eléctrica en la provincia.

La iniciativa lleva la firma de Claudio Doctorovich, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Daniel Sanguinetti, Martina Lacour y Marcela González Abdala. Los autores la presentan como un complemento de la ley M n° 5545, de Movilidad Sostenible.

Para el Impuesto a los Automotores, el texto prevé en 2027 una exención del 100% para eléctricos y de hidrógeno, del 75% para híbridos enchufables y del 50% para híbridos no enchufables. Rige para vehículos radicados en Río Negro, con categorías acreditadas mediante documentación técnica del fabricante o importador.

Respecto de la infraestructura, la propuesta exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, entre 2027 y 2031, lo recaudado por el servicio de recarga. También exime del Impuesto de Sellos, hasta 2036, los instrumentos que documenten obras y equipos para instalar o ampliar estaciones.

El proyecto contempla además una exención de peajes en rutas bajo competencia provincial. Queda condicionada a que la Provincia tenga facultades suficientes y respete los contratos vigentes, y en rutas nacionales exige la conformidad previa de la autoridad competente.

En el plano financiero, el Poder Ejecutivo podrá promover créditos y garantías para pymes, con prioridad para corredores interurbanos, turísticos y localidades con poca oferta de carga.

Los autores sostienen que “los estímulos públicos deben ser proporcionales a sus beneficios ambientales y distinguir las distintas categorías”. Afirman que, por las distancias provinciales, una red pública de estaciones “facilita la circulación, reduce la incertidumbre de los usuarios y favorece nuevas inversiones privadas”.

Según los fundamentos, el beneficio automotor se fija para 2027 porque el trámite legislativo difícilmente permita aplicarlo en 2026, evitando “retroactividades, devoluciones y conflictos de liquidación”. La Agencia de Recaudación Tributaria debe publicar cada año los beneficiarios y montos exentos, con un primer informe en 2028.