¿SUBE GAS? ¿QUIEN MIENTE? Versiones totalmente contrapuestos de un proyecto de ley que debería ser muy claro y no lo es

La polémica por la modificación del régimen de Zona Fría sumó este jueves un nuevo capítulo político en Río Negro. El legislador provincial Facundo López cuestionó con dureza a los diputados nacionales de la provincia que acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. En particular, apuntó contra Aníbal Tortoriello, a quien acusó de avalar una medida que podría traducirse en un fuerte aumento en las facturas de gas para los usuarios patagónicos.

Sin embargo, el diputado nacional salió rápidamente a responderle y defendió su voto.

“El subsidio a la zona patagónica, incluido el departamento de Malargüe, en Mendoza, se mantiene para toda la población, tal como se venía realizando. Nada cambió”, aseguró Tortoriello.

El dirigente también acusó al oficialismo provincial de utilizar el tema con fines políticos.

“Usar, mintiendo, un tema tan sensible para la gente, especialmente para las familias rionegrinas a las que más les cuesta sostener su vida cotidiana, solo para intentar desprestigiar la imagen de un competidor político, es denigrante”, expresó.

Tortoriello además aprovechó la discusión para cuestionar la gestión del Gobierno provincial.

“Decir que les preocupa la situación económica de los rionegrinos, después de 14 años de gobierno y viendo, entre otras calamidades, los miserables salarios que cobran miles de trabajadores públicos, resulta una actitud impune, burlesca y humillante”, sentenció.

Pese a las afirmaciones del diputado nacional, las dudas sobre el verdadero impacto de la reforma no lograron disiparse. En ese contexto, el legislador peronista Luciano Delgado Sempé difundió un análisis que advierte sobre posibles incrementos de hasta un 60% en las boletas de gas.

Según explicó Sempé, el esquema vigente de Zona Fría permite actualmente reducir cerca del 50% del monto total de la factura. Ese beneficio no se financia con recursos discrecionales del Estado, sino mediante un fondo específico sostenido por un recargo que pagan los propios usuarios del sistema gasífero nacional, incluida la Patagonia.

El punto central de la controversia radica en el cambio del alcance del subsidio. De acuerdo con lo planteado por la Secretaría de Energía, la bonificación dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a impactar únicamente sobre el ítem correspondiente al consumo de gas.

Actualmente, una factura se compone de tres grandes segmentos:

* Consumo de gas: alrededor del 40%.

* Cargos fijos: cerca del 45%.

* Transporte y distribución: aproximadamente el 15%.

“Hoy el descuento alcanza a todos esos componentes. Con la modificación, en el mejor de los casos, solo se subsidiaría el 50% del consumo de gas. Eso deja afuera cerca del 60% de la factura total, e incluso más en algunos períodos, porque los cargos fijos tienen un peso muy importante”, sostuvo Sempé.

El legislador ejemplificó la situación con una factura hipotética de $100.000. Bajo el esquema actual, un usuario pagaría cerca de $50.000. Con la nueva modalidad, el cálculo sería distinto:

* Consumo de gas: $40.000. Con subsidio del 50%, se pagarían $20.000.

* Cargo fijo: $45.000.

* Transporte y distribución: $15.000.

Resultado final: una factura de $80.000.

“Una familia que hoy paga $50.000 pasaría a pagar $80.000. El beneficio real dejaría de ser del 50% y pasaría a representar apenas un 20% sobre el total de la boleta. La Patagonia seguiría figurando formalmente dentro de la Zona Fría, pero con un régimen vaciado de contenido. Se mantiene el nombre, pero se recorta el derecho”, advirtió.

Con este escenario y en medio de una comunicación confusa por parte del Gobierno nacional respecto de los alcances reales de la reforma, quedan abiertas varias interpretaciones. La primera, que algunos diputados no hayan comprendido completamente lo que estaban votando. La segunda, aún más grave, que sí lo hayan entendido y hayan decidido acompañar igualmente una medida que perjudicaría a los usuarios rionegrinos.

Existe además una tercera hipótesis: que haya un acuerdo político no explicitado para que la futura reglamentación preserve el esquema de subsidios para la Patagonia. Sin embargo, hasta el momento esa posibilidad no figura en ningún texto oficial ni fue anunciada públicamente.

No sería la primera vez que una ley genera controversias después de ser aprobada. La reciente reforma laboral ya había mostrado un antecedente similar con el capítulo referido a las licencias médicas por enfermedades graves, cuya redacción despertó críticas tras la votación en el Senado y obligó posteriormente a revisar el proyecto en Diputados.

Mientras tanto, el debate vuelve a instalar una discusión de fondo: si el Congreso está logrando dimensionar el impacto social de las medidas que aprueba en un contexto económico cada vez más delicado. Para muchos sectores, la eventual reducción de subsidios en plena antesala del invierno implicaría una nueva carga sobre el bolsillo de la clase trabajadora, que ya viene soportando buena parte del ajuste económico