Cancillería en mira

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a responder las críticas surgidas en torno a la contratación de cursos de inglés brindados por una empresa vinculada a la esposa del ministro Federico Sturzenegger. Las objeciones, planteadas desde distintos sectores políticos y mediáticos, apuntaron principalmente al supuesto conflicto de intereses y a la necesidad real de ese tipo de capacitaciones dentro del ámbito de la Cancillería.

Quirno explicó que la contratación se realizó dentro de los procedimientos administrativos habituales y aseguró que el servicio fue prestado de manera efectiva. Además, sostuvo que la formación en idiomas forma parte de los estándares de funcionamiento del servicio exterior y de la administración pública en áreas con vinculación internacional.

Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas y legales, el debate abrió un interrogante de fondo: ¿es necesario contratar cursos de inglés para funcionarios o empleados que, en su mayoría, ya cuentan con ese requisito?

En el ámbito diplomático argentino, el manejo del inglés no es un complemento, sino una condición casi obligatoria. Quienes ingresan al Servicio Exterior lo hacen, por regla general, tras aprobar exigentes exámenes de idioma. La formación diplomática incluye un fuerte componente lingüístico, ya que el inglés es la lengua de trabajo predominante en negociaciones, documentos oficiales y organismos internacionales.

En ese contexto, distintas voces señalaron que el personal de carrera ya posee competencias en inglés, lo que vuelve discutible la necesidad de contratar capacitaciones externas de este tipo. Incluso, dentro de la estructura estatal existen áreas de formación propias, como institutos o programas internos, que históricamente han brindado ese tipo de entrenamiento sin recurrir a proveedores externos.

El eje de la discusión, entonces, no pasa solo por la legalidad de la contratación o por los vínculos personales entre funcionarios y empresas, sino también por la pertinencia del gasto. En un contexto de ajuste fiscal y revisión de partidas, cada contratación pública queda bajo la lupa, especialmente cuando se trata de servicios que, en teoría, podrían resolverse con recursos internos o con personal que ya posee las competencias requeridas.

Desde el entorno de Quirno insisten en que la contratación se justificó por necesidades específicas de capacitación y que no existió ningún trato privilegiado. No obstante, el episodio volvió a instalar el debate sobre los criterios de contratación del Estado y sobre la eficiencia del gasto público, incluso en áreas tan sensibles como la política exterior.