Chile abre una polémica ruta marítima con las Islas Malvinas y reaviva la tensión con Argentina

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas (FIDC, por sus siglas en inglés) y la naviera chilena Easter Island para establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad, ubicada en la región de Magallanes, y Puerto Argentino (Port Stanley), en las Islas Malvinas. El anuncio encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera y reabrió un frente de tensión diplomática con Argentina.

El proyecto

Según explicó Radonich, la iniciativa busca competir con Montevideo por el abastecimiento del archipiélago. La conexión uniría Punta Arenas con Puerto Argentino y su primer viaje está previsto para noviembre de este año. La operación estará a cargo de Easter Island, la misma naviera que actualmente cubre la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua.

Entre los productos que se prevé transportar figuran alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. De acuerdo con el jefe comunal, el poder de compra del archipiélago ronda los US$ 20 millones anuales, una cifra que explica el interés comercial de los operadores magallánicos.

Como paso previo a la puesta en marcha de la ruta, los días 28 y 29 de septiembre se realizará en Punta Arenas una rueda de negocios entre una delegación empresarial de las islas y proveedores chilenos. De esa comitiva participarán Louise Ellis, subdirectora de la Corporación de Desarrollo, y Mike Summers, integrante del directorio de la Cámara de Comercio local.

El antecedente de Montevideo

Hasta ahora, la principal —y prácticamente única— conexión marítima regular de las Malvinas con Sudamérica ha sido a través de Montevideo. Según registros del sector logístico, el abastecimiento civil del archipiélago depende casi exclusivamente de la naviera South American Atlantic Service Limited (SAAS), que opera el buque portacontenedores MV Unispirit con doce viajes fijos al año entre Puerto Stanley y la capital uruguaya. A esa vía se suma el transporte logístico del Ministerio de Defensa británico hacia la base de Mount Pleasant, aunque con espacio limitado para carga comercial privada.

Esa dependencia de una sola ruta —de casi 2.000 kilómetros de navegación— ha sido señalada por informes empresariales como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de las islas, tanto por el costo de los fletes de importación como por las limitaciones para exportar. Uruguay, además, respalda el reclamo de soberanía argentino en foros como la ONU y el Mercosur, lo que añade una capa política al vínculo comercial que hoy sostiene a las islas.

La alternativa desde Punta Arenas reduciría ese trayecto a poco más de la mitad, con el consiguiente impacto en tiempos y costos de traslado. De hecho, la relación entre Magallanes y las islas no es nueva: existen antecedentes históricos de más de un siglo, y se estima que hoy viven en el archipiélago cerca de 200 chilenos con vínculos estrechos con la región.

La controversia diplomática

El anuncio generó fricciones inmediatas. Actualmente rige en Argentina el Decreto 256, dictado en febrero de 2010, que exige autorización previa a los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el derecho de navegación de buques sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva.

El excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, advirtió que la nueva ruta "de seguro traerá problemas" con el país vecino. La polémica se da además en un momento especialmente tenso entre Santiago y Buenos Aires, luego de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, reclamando soberanía sobre parte del Estrecho de Magallanes.

Frente a las críticas, Radonich sostuvo que se trata de un "acuerdo entre privados" y remarcó que el barco que cubrirá la ruta no llevará bandera chilena, lo que a su juicio evita cualquier conflicto con la declaración del Mercosur de 2011 —respaldada por Chile— que prohíbe la recalada de barcos con bandera de las islas en puertos de los países firmantes. El alcalde estima que esa restricción le costó a la economía magallánica unos US$ 300 millones.

"Los Estados no tienen relación" con esta ruta, insistió Radonich, y agregó: "Las Malvinas se abastecen de Montevideo y nunca escuchamos protestas". Con esas palabras buscó despegar el proyecto comercial de la posición diplomática de Chile, que apoya el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.