Denuncian persecución gremial en el IUPA y advierten sobre vulneración de derechos sindicales

El IUPA sigue transitando una caótica situación post electoral, sin encontrar caminos hacia el diálogo y sumando capítulos polémicos.

Ayer, tras la fallida paritaria en la sede de la Delegación de Trabajo, la Asociación de Docentes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (ADIUPA) denunció una serie de hechos que calificó como “persecución gremial” por parte de la gestión institucional, ocurridos durante la última semana y que, según sostienen, afectan directamente a sus principales referentes.

De acuerdo al planteo del sindicato, uno de los episodios más graves fue la presunta violación de la privacidad del secretario adjunto, Miguel Penrró, quien habría sido víctima de la difusión de datos personales. La información, según indicaron, habría sido facilitada por el área de Recursos Humanos del IUPA a un medio local, enviando una documentación vinculada a su licencia sindical, un derecho reconocido para quienes ejercen representación gremial.

Por otro lado, desde ADIUPA señalaron la existencia de “acusaciones infundadas” contra la secretaria general, Rocío Encina, y la abogada Andrea Reile. Según el gremio, ambas fueron mencionadas en supuestas denuncias penales sin que exista prueba alguna ni notificación formal por parte de autoridad competente, lo que calificaron como “totalmente falso”.

En este contexto, el sindicato sostuvo que estas acciones “vulneran los derechos de las y los trabajadores, estigmatizan y persiguen la actividad sindical”. En particular, expresaron preocupación por la situación de la abogada Reile, al considerar que ser señalada por el solo hecho de ejercer la representación legal de un sindicato remite a prácticas antidemocráticas.

Asimismo, ADIUPA remarcó que no existió delito alguno en las acciones llevadas adelante por el gremio ni por sus integrantes. Indicaron que la propia Fiscalía se retiró del lugar tras constatar la inexistencia de delito o incluso de presunción del mismo por parte de los manifestantes.

Finalmente, la organización enmarcó los hechos en una presunta vulneración de normas constitucionales y tratados internacionales. En ese sentido, citaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, y los artículos 40 y 41 de la Constitución de Río Negro, que garantizan el derecho a la libre asociación y a la protesta social.

Desde el sindicato concluyeron que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de respetar estos principios democráticos y garantizar el pleno ejercicio de la actividad sindical.

Lo cierto es que, a un mes de lo que debería ser un histórico hito para la institución, el IUPA vive días de mucha incertidumbre y espera la definición de la Justicia.