Polémica por la resolución del gobierno que "ubica" a los discapacitados en planta alta de los colectivos

Una decisión regulatoria tomada este año desencadenó un grave retroceso en los derechos de accesibilidad en la Argentina. A partir de la eliminación de los reintegros estatales por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes bajo tratamiento médico, las empresas de transporte de larga distancia recortaron unilateralmente la calidad del beneficio, confinando la gratuidad únicamente a la categoría "semicama", ubicada casi en su totalidad en la planta alta de las unidades.

La trampa del doble piso

Para quienes usan silla de ruedas, tienen prótesis, cuadros dolorosos o problemas severos de movilidad, subir las empinadas escaleras de un colectivo de doble piso resulta inviable o directamente peligroso. Los asientos adaptados de la planta baja —categorizados comercialmente como servicio "cama"— quedaron reservados exclusivamente para pasajeros que pagan el boleto completo.

Esta práctica genera situaciones donde usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) terminan dependiendo de la solidaridad de otros pasajeros para cambiar el asiento a último momento o, en el peor de los casos, perdiendo turnos médicos e itinerarios al ser rechazados en la plataforma.

El impacto social de la medida

Barreras físicas e invisibilidad: Se vulnera el principio de autonomía al forzar a los pasajeros a depender de ayuda externa para acceder al transporte.

Costos de salud: Pacientes electrodependientes o en tratamiento oncológico pierden turnos en centros de alta complejidad al no contar con un asiento accesible.

Falta de respuesta institucional: Aunque la legislación nacional exige accesibilidad plena en la planta baja de las unidades, los mecanismos de reclamo ante los organismos de control suelen actuar cuando el daño o la pérdida del viaje ya se produjo.

El debate legal por la accesibilidad

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad señalan que la "libertad comercial" no puede aplicarse sobre normas constitucionales de igualdad y tratados internacionales de derechos humanos. Mientras las empresas argumentan la insostenibilidad económica de financiar los pasajes sin aportes del Estado, la variable de ajuste volvió a ser la población más vulnerable. La discusión ya empezó a derivar en recursos de amparo judiciales para frenar una medida que convirtió la accesibilidad básica en un privilegio de pago.