Presentan ante la ONU pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se revise su condena en la causa Vialidad. Su defensa denunció violaciones de derechos fundamentales y solicitó suspender la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La presentación estuvo a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, e incorporó las pruebas que habían anunciado semanas atrás en una conferencia de prensa. La condena a seis años de prisión, que Kirchner cumple bajo arresto domiciliario, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.

La defensa apunta a que el planteo sea examinado durante la próxima sesión del Comité. "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", confirmó Valim a Reuters.

"Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", agregó el abogado brasileño, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante ese organismo internacional.

El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.

Valim expresó su confianza en que el organismo respalde el reclamo: "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".

El informe sobre los fondos y el planteo ante Casación

Uno de los ejes de la estrategia es un informe técnico de la consultora Specs, presentado por Beraldi en una conferencia de prensa en septiembre. Según ese documento, el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, creado mediante el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta.

Los abogados sostienen que el principal destinatario de ese fideicomiso fue IECSA S.A., empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

"El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez", explicó Beraldi.

"Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso", sostuvo el abogado.

Además de recurrir al organismo internacional, la defensa prevé llevar esas pruebas a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. Beraldi aseguró que "con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia".

El objetivo final, según expresó, es "que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política".

En tanto, un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa señaló a Infobae que la cuestión ya fue "tratada y rechazada varias veces". También objetó que el informe de la defensa utiliza datos nacionales, mientras que el juicio se centró en la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, donde, según indicó, Báez concentró "cerca del 85% de las obras".