Proyecto de ley apunta a Informar con precisión dónde comer y comprar sin gluten

Se trata de un proyecto de ley para modificar la ley R n° 3772 de asistencia integral a las personas celíacas. Prevé que cada dato publicado indique su fuente y fecha de actualización. También contempla capacitación para ampliar la oferta donde hoy es escasa.

La idea es reunir información pública, gratuita y organizada por localidad sobre dónde conseguir alimentos libres de gluten en Río Negro.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Lorena Matzen (UCR). Incorpora un inciso h) al artículo 3° de la ley R n° 3772 y suma dos artículos nuevos: el 5° bis y el 5° ter.

En los fundamentos, Matzen sostiene que “la falta de información clara y verificable” sobre dónde obtener alimentos adecuados restringe la autonomía de quienes viven con celiaquía. Agrega que, en Río Negro, las distancias entre localidades vuelven “particularmente importante” contar con datos ordenados por territorio.

El texto prevé que la información alcance a establecimientos gastronómicos, alojamientos con servicio de comidas, comercios y productores. Se organizaría por localidad y tipo de actividad, mediante plataformas existentes, e identificaría su fuente y fecha de actualización.

El artículo 5° bis contempla acciones de capacitación y asistencia técnica para ampliar la oferta donde resulte insuficiente. El 5° ter exige diferenciar los productos registrados como libres de gluten de los servicios gastronómicos que acrediten condiciones adecuadas de preparación y manipulación.

La autora aclara que la propuesta no pretende crear “una nueva obligación genérica de ofrecer menús” ni reemplazar los controles sanitarios nacionales. Según los fundamentos, en las fuentes oficiales consultadas no se identificó un directorio provincial único, público y específico con esta información.

Matzen señala que la herramienta serviría a familias, estudiantes, trabajadores y personas que viajan por atención médica, y que el turismo sería una aplicación concreta, no su objeto exclusivo. Una vez promulgado el texto, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos para adecuar la reglamentación.

Para la legisladora, “mejor información y mayor disponibilidad territorial son dos condiciones complementarias” para el ejercicio real de los derechos de las personas con celiaquía.