Seguro de Carlos Soria: Bullrich reabrió la polémica y apareció el nombre de Fred Machado

La senadora electa Patricia Bullrich reabrió la polémica con sus declaraciones a los medios, donde afirmó que Martín Soria tiene una causa por la falsificación de la firma en el seguro de su padre. ¿Qué sucedió en aquel entonces?

El 1º de enero de 2012, la provincia fue sacudida por la noticia del fallecimiento de Carlos Soria.

Dos años después, el juez Favio Igoldi provocó un cimbronazo en la política rionegrina con un fallo en el que determinó que no correspondía pagar el seguro por la muerte del exgobernador y ordenó a sus hijos devolver el monto percibido. Al mismo tiempo, procesó a varios funcionarios del gobierno provincial.

Once años después, el caso reflotó mediáticamente y volvió a tomar relevancia por la polémica que se generó en torno a la inhabilitación de los senadores que deberán asumir el 28 de noviembre, pero también por la aparición del nombre de Fred Machado en medio del debate por el pliego de Martín Soria.

El juez Igoldi y Fred Machado serían medio hermanos, ya que la madre de Machado se separó cuando él era joven del padre biológico y luego formó pareja con Igoldi, dueño de una metalúrgica y padre del exjuez Fabio Igoldi.

Volviendo al caso del seguro, la resolución judicial generó un escándalo que salpicaba a los cuatro hijos del fallecido Soria, pero especialmente a Martín, intendente de General Roca. De todos modos, los Soria celebraron que el juez no los involucrara en la causa. Igoldi sí procesó por “administración fraudulenta agravada” a ocho funcionarios y directivos de la aseguradora provincial Horizonte y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS). Se trataba de los exdirectivos de Horizonte Sandro Chaina, Nelson Cides y Ernesto Acebal, y de las gerentas Leonor Zamborain y María Mercedes Iaquinandi. Los otros tres imputados eran los exdirectores del IAPS, Emannuel Tobares y Ezequiel Cortés, además del asesor legal Luis Prieto Taberner.

En total, los hijos de Soria cobraron 1.370.693 pesos. De ese monto, Horizonte pagó 1.242.290 pesos por un seguro opcional y el IAPS 128.403 pesos por el seguro obligatorio, según los informes.

El juez determinó que “ambos beneficios (IAPS y Horizonte) fueron abonados de manera ilegal, convirtiéndose en un pago sin causa”, por lo que instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar el trámite correspondiente —judicial o extrajudicial— para recuperar las sumas indebidamente abonadas a los beneficiarios.

Igoldi basó su resolución en que la solicitud del seguro de vida de Soria fue presentada cinco días después de su asesinato y que la denuncia del deceso ante Horizonte se realizó fuera de los plazos legales: debía efectuarse en un máximo de 15 días, pero se hizo tres meses después.

Las reacciones

Pese a que el juez ordenó devolver el dinero cobrado por el seguro de su padre, Martín Soria celebró la decisión al no quedar involucrado en la causa, una acusación que el gobernador Weretilneck le había formulado durante un fuerte cruce en marzo de 2014.

“Estoy satisfecho, el fallo del juez me dio la razón. Weretilneck es un mentiroso. Todos los involucrados confirmaron lo que dijimos desde un primer momento: los hijos de Carlos Soria no tuvimos injerencia ni participación alguna en el trámite del seguro de vida de nuestro padre. Es una perversidad haber intentado sembrar algo así”, afirmó el jefe comunal de General Roca, quien dijo estar dispuesto a devolver el dinero.

En tanto, el Gobierno provincial criticó el fallo de Igoldi que involucró a sus funcionarios, calificándolo de “totalmente arbitrario y malintencionado” y acusando al juez de favorecer a Martín Soria. “Se trata de una medida absolutamente parcial, direccionada y no sujeta a derecho, que persigue intereses ajenos a la actuación de un magistrado en un proceso penal”, sostuvo.

“El tinte arbitrario del proceso llevado adelante por el titular del Juzgado quedó demostrado, habida cuenta de que la investigación irregular en nada se condice con los hechos manifestados oportunamente por el gobernador, quien había señalado la intención de Martín Soria de cobrar una suma muy superior a la correspondiente y efectivamente abonada”, agregó el Gobierno de Weretilneck.

Juez destituido

En el 2017, El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió por mayoría la destitución  como Juez de Instrucción de Favio Igoldi y su inhabilitación durante cinco años para ejercer cargos judiciales. Una de las causas que invocó la Procuradora General de Río Negro Silvia Baquero Lazcano es por los retrasos en detenciones y allanamientos en la investigación que llevó adelante el ex juez de instrucción del Juzgado Nro. 2 en el incendio de oficinas del Poder Judicial en Viedma.

La actuación del Consejo estuvo presidido por el juez del STJ, Ricardo Apcarián, y contó con la presencia de los legisladores Silvia Morales, Leandro Lescano y Alejandro Ramos Mejía, los representantes del Colegio de Abogados Luciana Albaitero, Gastón del Castaño y Gervasio Vallati y del juez Rolando Gaitán, todos con la asistencia de la Secretaria doctora Guillermina Nervi.

El voto mayoritario, que coincidió con la acusación de la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, su sostenido por Morales, Lescano, Albaitero, Del Castaño y Vallati. Se pronunciaron por desestimar la acusación, Apcarián, Gaitán y Ramos Mejía.

El trasfondo político

Entonces, ¿por qué la ministra Bullrich insiste con la causa por la presunta falsificación de la firma de Carlos Soria, cuando el juez Igoldi no procesó a los hermanos Soria?

En los pasillos del Senado se comenta que la impugnación presentada contra Villaverde colmó la paciencia de la futura jefa del bloque libertario. “Lorena no tiene ninguna causa, pero Martín Soria sí tiene algunas, y encima lo de la firma adulterada es una causa no prescripta, ya que Soria nunca dejó de ser funcionario público. Lo pueden investigar tranquilamente”, deslizaron.

Bullrich prepara una fuerte embestida contra Soria y Capitanich en caso de que la bancada kirchnerista insista con la inhabilitación de Villaverde. Con algunos expedientes en sus manos, la exministra de Seguridad podría reforzar la impugnación de los senadores kirchneristas si la oposición avanza sobre el pliego de la rionegrina.

De todos modos, hay negociaciones y, a esta hora, el kirchnerismo —al no contar con los votos necesarios— desistiría de su estrategia inicial para evitar sobresaltos durante la jornada del viernes.