Un fallo a destiempo que regaló una solida agenda a la oposición

Por un rigorismo formal, el Máximo Tribunal reanimó la polémica por la compra ilimitada de tierras por parte de extranjeros, obligando a sus jueces a romper un histórico principio de reserva para atajar el fuego político.

En el tablero de la política argentina, el timing suele valer más que los textos constitucionales. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —que desestimó un planteo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el DNU 70/23— no solo dejó vía libre a la desregulación total en la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, sino que expuso una torpeza de coordinación política y judicial sin precedentes en la gestión actual.   

Un salvavidas de plomo en el momento menos oportuno

El fallo del Tribunal llega en el peor momento posible para la Casa Rosada. Tras meses de fricción y con un Congreso donde la oposición legislativa venía marcando la cancha, el Gobierno intentaba encarar una etapa de apaciguamiento para recuperar la agenda positiva, retomar la iniciativa legislativa y negociar leyes clave.

Al revocar la medida cautelar basándose únicamente en un argumento de índole procesal —es decir, argumentando que la asociación de excombatientes no contaba con la "legitimación activa" para representar al colectivo de damnificados—, el Supremo dejó revivido el artículo 154 del DNU 70/2023. Con esa sola firma, la Ley de Tierras (Ley 26.737), que fijaba un tope del 15 % a la extranjerización del suelo rural y protegía recursos estratégicos como agua y zonas de frontera, volvió a quedar sin efecto.   

La resolución funcionó como una mecha encendida. En lugar de otorgarle aire al oficialismo, revivió los consensos opositores en el Parlamento, catalizando pedidos de sesión especial para rechazar formalmente el articulado del mega DNU y reabriendo una batalla política que el Gobierno daba por amortiguada.

La delicada fibra de la soberanía y la tierra

La polémica que subyace a la venta ilimitada de tierras no es una discusión meramente económica sobre "atracción de inversiones". Toca resortes vinculados al dominio sobre la soberanía territorial, la seguridad hídrica, la preservación de bienes naturales y la competencia del pequeño productor local frente al poder financiero de fondos internacionales.

En un contexto donde la sociedad observa con lupa la entrega o preservación de los recursos estratégicos, reabrir las fronteras sin ningún tipo de salvaguarda ni límite geográfico representa un movimiento de altísima sensibilidad. Que la restitución de esta política ocurra mediante la vía del atajo —un DNU habilitado por un fallo procesal— redobla el déficit de legitimidad democrática sobre una decisión que atañe a las futuras generaciones.

Un hito inédito: la Corte sale a explicarse a sí misma

Quizás el rasgo más sintomático del temblor que causó la sentencia fue la reacción posterior del Palacio de Talcahuano. Por primera vez en la historia reciente, y rompiendo el histórico axioma republicano de que "los jueces solo hablan a través de sus fallos", la Corte Suprema se vio obligada a emitir un aclaratorio comunicado de prensa para sofocar el incendio de críticas.

En el comunicado, el tribunal aclaró apuradamente que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión ni validó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, reduciendo su intervención a un estricto rigorismo técnico sobre la representatividad de la demanda.   

Esta inédita aclaración pública es una admisión de culpa respecto al impacto social de sus decisiones. La Corte intentó hacer una gambeta formal, pero terminó dinamitando su propio perfil de neutralidad técnica. Al esconderse en el formalismo para no tratar el tema de fondo, no solo habilitó —por omisión temporal— la venta irrestricta de territorio, sino que además desnudó una preocupante falta de lectura de las consecuencias políticas de sus resoluciones.

En su intento por mantenerse al margen de la discusión sustantiva, el Palacio de Justicia terminó metiendo al Poder Ejecutivo en un laberinto legislativo del que le costará salir, demostrando que cuando la justicia ignora el contexto en el que falla, genera más incertidumbre de la que resuelve.